EL REGIMEN DE URIBE
En Colombia el 68% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, el 70% de los campesinos poseen sólo el 5,6% de la tierra y en los últimos 10 años unas 40.000 personas han muerto por causa de la represión. Las cotas de impunidad se mantienen en el 97% de los casos. Colombia ha sido declarada como el país más violento del mundo y ha sido calificada como una “Democracia Genocida”; en los últimos 50 años de gobierno, Colombia ha vivido en un casi permanente estado de excepción.
El último informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refiere a "graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos" en Colombia y observa "un notorio deterioro de la situación". También aclara que "el principal factor de violación de estos derechos estuvo constituido por actos de miembros de los grupos paramilitares cuya perpetración compromete, por acción o por omisión (…) la responsabilidad del Estado".
Desgraciadamente las previsiones de evolución de la situación de los Derechos Humanos en Colombia, tras la toma de poder del nuevo presidente Álvaro Uribe Vélez, no pueden ser más sombrías. De él conociamos su pasado como gobernador de Antioquia de 1995 a 1997, donde impulso el establecimiento de decenas de asociaciones CONVIVIR (fachada legal del paramilitarismo, que tuvieron una extensa participación en la más grave oleada de terror que ha vivido ése departamento), conociamos también su apoyo abierto a altos militares retirados del servicio por sus implicaciones con grupos paramilitares acusados de cometer masacres y otras atrocidades entre 1996 y 1997 (generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán), conociamos así mismo sus promesas de "mano fuerte" y ciertos rasgos fascistoides apuntados durante su campaña electoral.
Pocos días después de posesionado Uribe decretó el estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional con el cual se le otorgan faultades a las Fuerzas Militares para hacer capturas preventivas, allanamientos y recolección de pruebas sobre delitos cometidos en "zonas con orden público alterado".
Uribe tambien ha anunciado la promulgación de normas para limitar la libertad de prensa, para restringir los derechos de reunión y circulación, para posibilitar detenciones indefinidas , así como allanamientos e intercepción de comunicaciones (telefónicas, postales o electrónicas) sin orden judicial. Todas estas normas estarán recogidas en el anunciado Estatuto Antiterrorista. Por lo pronto, el reciente allanamiento de la residencia del director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT fue realizado ya bajo la cobertura de la Conmoción Interior.
Otras medidas anunciadas, se constituyen en una auténtica Contra-reforma Constitucional: la limitación de facultades a la Corte Constitucional y del ejercicio de la acción de tutela, la fusión de la Procuraduría y de la Defensoria en perjuicio de la defensa de los Derechos Humanos, modificaciones a los estados de excepción para regresar a la desgastada figura del Estado de Sitio, la eliminación del Consejo de Estado, de las Contralorias y de la Defensoria del Pueblo.
Aunque todas estas medidas se adoptan con la excusa de la lucha contrainsurgente, su aplicación inmediata va a ser la de la lucha contra los movimientos sociales. Es díficil ver en que pueden perjudicar a los moviemientos guerrilleros las restricciones al derecho de reunión o a la libertad de prensa. Estas son medidas diseñadas claramente contra la protesta social, contra las movilizaciones sindicales, barriales o campesinas. Son medidas contra las luchas en defensa de los servicios públicos, las luchas que se oponen a los programas de privatizaciones o a los perniciosos efectos en la agricultura de la apertura económica.
Las primera medidas han estado dirigidas a la consecución de nuevas fuentes de financiación. Así, ha establecido un nuevo impuesto de guerra, del 1,2 por ciento del patrimonio líquido con el que se espera recaudar dos billones de pesos. También ha conseguido del Congreso de los Estados Unidos la autorización para el uso de los fondos para el combate antinarcóticos en lucha contrainsurgente.
El nuevo gobierno colombiano ha sugerido también, haciendose eco de una propuesta norteamericana, la conformación de una fuerza multinacional de paises latinoamericanos para combatir la insurgencia. Brasil, Ecuador y Panamá han mostrado su rechazo a cualquier intervención militar en Colombia, sin embargo Chile y Perú estarían ya en fase de estudio de una eventual operación multinacional.
Otro punto significativo respecto a las previsiones de guerra es la reserva que Colombia ha establecido al adherirse a la Corte Penal Internacional (CPI). En los próximos siete años el gobierno colombiano no aceptará su competencia para juzgar crímenes de guerra o graves infracciones al DIH cometidos en territorio colombiano. De la misma forma, Colombia se prepara a firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, para garantizar la impunidad de las tropas norteamericanas operando en ese país, respecto a la acción de la CPI.
Javier Moya Equiza
