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For Tony Blair’s government, the meeting was a carefully managed charade, designed to rubberstamp a decision that had been taken aeons earlier. The British government lapped up Uribe’s new improved human rights statistics. They declared their admiration for the progress made by Uribe’s administration in cleaning up Colombia’s act: but they refused to take any notice of the damaging reports released by Colombian and international NGOs (see Colombian Commission of Jurists report, this issue) that proved that the human rights situation in Colombia had actually deteriorated, and that the government had manipulated and falsified the figures.
The British government was careful to invite “civil society” to the meeting, or at least to a different meeting the day before. Representatives of civil society were given an hour to state their concerns during the main event.
Representatives returned to Colombia complaining that they had been used, included on the itinerary to legitimize an otherwise hideous mangling of the truth.
Why did the British government go to such lengths to stitch up the meeting? Perhaps in order to put their military assistance to the Colombian government in a more positive light. Recent reports in the press suggest that Britain provides more military assistance to Colombia than any one else but the United States. Unlike United States aid however, it is impossible to tell if British weapons are being used to target civilians, as “national security” issues relieve ministers of their duty to tell the public where the arms are going. We do know that the SAS provide specialist counter insurgency training for the Colombian army; everything else is secret.
If the London meeting was an opportunity for Blair to whitewash his Colombia policy, Uribe has used it as permission to crack down on the social movement. Buoyed by this international support, his government has wasted little time in repressing its critics. Mass arrests of trade unionists and human rights defenders, false charges and imprisonment, press censorship and señalamientos are widespread. But Uribe has overstepped the mark. He drew considerable international criticism (not of course from the British government) when he accused Colombian NGOs of cowardice and terrorism during a televised address. In a 25 minute speech Uribe made 59 references to terrorism and the NGOs, and only one reference to paramilitaries whom he called “private justice groups.” Arrest warrants have been issued for some of the country’s most respected human rights defenders, including 5 workers at Justicia y Paz, and for Samuel Morales of the CUT Arauca, who spoke at the Colombia Solidarity Campaign conference and the Amnesty UK AGM in April.
The UN and the EU criticised Uribe for “putting lives in danger and not tolerating opposition.” Even the USA hinted that “members of Congress would take his words into account when renewing military aid budgets”.
As the London Meeting proves, the British government has failed the people of Colombia. Blair has made it clear that he prefers big business and its alliance with the USA to human rights.
Our job then is to appeal directly to the people; we need a concerted and popular campaign, uniting all progressive sectors of society, working constantly to support the social movement in Colombia. The international campaign against Coca Cola is an ideal opportunity to engage with the public, and to point out the depths to which companies and governments will stoop, when they think they can get away with it. Only with the unity of Stop the War groups, trade unionists, environmentalists, the trade justice movement, and dedicated political activists can we do our part to protect the lives of our sisters and brothers in Colombia, to stop foreign military intervention in Colombia, and to herald a new dawn of peace with social justice.
Help us to build a democratic and popular campaign in solidarity with Colombia.
Despues de la Cumbre de Londres: ¡Movilezemos el pueblo!
Para los observadores progresistas, la “Reunión de Londres de Apoyo Internacional para Colombia” realizada el 10 de Julio, fue un desastre. Los estados miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI y otros de los presentes apoyaron en forma unánime el gobierno de línea dura de Álvaro Uribe Vélez.
Para el gobierno de Tony Blair, la reunión fue una farsa cuidadosamente preparada, diseñada para oficializar una decisión que había sido tomada con mucha anticipación.
Estos organismos expresaron su admiración ante el progreso logrado por la administración de Uribe: pero rehusaron escuchar los informes nada positivos presentados por las ONGs colombianas e internacionales (ver Informe de la Comisión Colombiana de Juristas, en este número) que prueban que la situación de derechos humanos en Colombia ha realmente deteriorado, y que el gobierno ha manipulado y falsificado las cifras.
El gobierno británico tuvo la precaución de invitar a la “sociedad civil” a la reunión, o por lo menos a una reunión previa, el día anterior. Los representantes de la sociedad civil tuvieron una hora para expresar sus preocupaciones durante el evento principal. Estos representantes volvieron a Colombia quejándose que habían sido utilizados, incluidos en este itinerario solo con el propósito de legitimar lo que no se puede calificar sino de una horrible tergiversación de la verdad.
¿Por que se tomo el gobierno británico tantas molestias para preparar esta reunión? Tal vez para presentar de una manera positiva la ayuda militar que le daría al gobierno colombiano. Informes recientes de la prensa sugieren que Gran Bretaña es el país que brinda mas ayuda militar a Colombia, después de los Estados Unidos. A diferencia de los Estados Unidos, no se puede hasta el momento decir si las armas británicas están siendo utilizadas para atacar a civiles, ya que por razones de “seguridad nacional” los ministros no están obligados a decir públicamente a donde van las armas. Lo que sí sabemos es que las SAS brindan entrenamiento especializado contra-insurgencia al ejercito colombiano, lo demás es un secreto.
Si la reunión de Londres fue una oportunidad para que Blair encubriera su política para con Colombia, Uribe la ha utilizado como un permiso para acabar con el movimiento social. Engrandecido por este apoyo internacional, su gobierno no ha perdido tiempo en reprimir a sus críticos. Han incrementado los arrestos en masa de sindicalistas y defensores de derechos humanos, las acusaciones y encarcelamientos falsos están a la orden del día, así como la censura de prensa y los señalamientos. Pero Uribe se ha pasado de la raya. Atrajo la critica internacional de una manera considerable ( por supuesto no la del gobierno británico) cuando acuso a las ONGs colombianas de cobardía y terrorismo durante una alocución televisiva. En un discurso de 25 minutos Uribe hizo 59 referencia de terrorismo y las ONGs y solo una referencia a los paramilitares a quienes llamo “grupos de justicia privada”.
Ordenes de captura han sido expedidas en contra de defensores de derechos humanos de gran prestigio, en los que se cuentan 5 trabajadores de Justicia y Paz, y en contra de Samuel Morales de la CUT en Arauca, quien hablo en la conferencia de la Colombia Solidarity Campaign en abril.
La ONU y la UE criticaron a Uribe por “poner vidas en peligro y no tolerar la oposición”. Incluso los Estados Unidos insinuaron que miembros del Congreso tendrían en cuenta sus palabras antes de renovar el presupuesto de ayuda militar.
Sin embargo, como lo probo la Reunión de Londres, el gobierno británico le ha fallado a la gente de Colombia. Ha expresado su preferencia por el gran negocio y por su alianza con los Estados Unidos sacrificando así los derechos humanos.
Nuestro trabajo es entonces hacer un llamado directamente a la gente; necesitamos una campaña coordinada y popular, que una a todos los sectores progresistas de la sociedad que brindan su apoyo constante al movimiento social en Colombia. La campaña internacional en contra de la Coca cola es una oportunidad ideal para compartir con el publico y para señalar hasta donde pueden rebajarse las compañías y los gobiernos cuando confían en la impunidad.
Necesitamos una campaña popular y coordinada, que una a todos los sectores progresistas de la sociedad, para que trabajen constantemente a favor del movimiento social en Colombia. Solo con la unidad de los grupos de Stop the War ( No a la Guerra), sindicalistas, ambientalistas, movimientos de comercio justo, y activistas políticos dedicados podemos hacer lo nuestro en el campo internacional para proteger las vidas de nuestros hermanos y nuestras hermanas en Colombia, para detener la intervención militar extranjera en Colombia, y anunciar un amanecer de paz con justicia social.
Ayúdanos a construir una campaña demo-crática y popular en solidaridad con Colombia.
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